Derechos del paciente

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El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha elaborado la nueva carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria. Esta carta adapta los derechos y deberes de los ciudadanos al momento actual e incorpora aspectos nuevos para avanzar en el respeto a la dignidad de la persona y la mejora de la calidad de la atención sanitaria.

 

2. Derechos relacionados con la autonomía de la persona

2.1. Derecho a ser informado previamente, para poder dar después su consentimiento (consentimiento informado) para que se le realice cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico

Se entiende por consentimiento informado la aceptación de un procedimiento, por parte de un enfermo, después de tener la información adecuada y con antelación suficiente, para implicarse libremente en la decisión (riesgos, beneficios, efectos secundarios del procedimiento, procedimientos alternativos, etc.).

En cualquier caso, el enfermo puede retirar  su consentimiento, con entera libertad, en el momento en que lo desee.

Situaciones de excepción ante la exigencia del consentimiento informado:

- Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.

- Cuando la urgencia no permita demoras, porque puede ocasionar lesiones irreversibles o porque hay peligro de muerte.

Situaciones de otorgamiento del consentimiento por sustitución:

- Cuando el enfermo, a criterio del médico responsable de asistencia o del equipo de profesionales que lo atiendan, no sea competente para entender la información, como consecuencia de encontrarse en un estado físico o psíquico que no le permita hacerse cargo de su situación, el consentimiento se habrá de obtener de los familiares, de los representantes o de les personas vinculadas a este.

- En los casos de incapacidad legal. La persona titular de la tutela necesita autorización judicial para aplicar a la persona incapacitada tratamientos médicos que, fundamentalmente, puedan poner en grave peligro su vida o su integridad física o psíquica. Si la inmediatez en la aplicación de este tratamiento no hiciera posible obtener esta autorización, la comunicación se hará en el juzgado de tutela en un plazo de veinticuatro horas como a máximo.

- En los casos de personas internadas por razón de trastorno psíquico, los familiares o la persona interesada necesitan autorización judicial para aplicar a la persona afectada tratamientos médicos que, fundamentalmente, puedan poner en grave peligro su vida o su integridad física o psíquica. Si la inmediatez en la aplicación de este tratamiento no hiciera posible obtener esta autorización, la comunicación se hará en el juzgado o consejo de tutela en un plazo de veinticuatro horas como màximo.

Este consentimiento se ha de hacer por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se lleven a cabo procedimientos que supongan riesgos e inconvenientes notorios y previsibles, susceptibles de repercutir en la salud del paciente, o del feto, si es el caso de una mujer que estuviera embarazada.

En todos los casos en que el paciente haya expresado por escrito su consentimiento informado, tendrá derecho a que se le dé una copia del documento firmado.

 

2.2 Derecho del enfermo a escoger entre las diferentes opciones terapéuticas y a renunciar a recibir los tratamientos médicos o las actuaciones sanitarias propuestos

El enfermo tiene derecho a escoger libremente entre las opciones que presente el responsable médico, y de rehusar pruebas diagnósticas y/o tratamientos, si no se está de acuerdo con estos.

El enfermo tiene derecho a  escoger entre diferentes opciones terapéuticas y/o  renunciar a recibir tratamientos médicos, incluso los que sean vitales. El consentimiento informado se hará de acuerdo con lo que prevé el apartado 2.1 y le serán de aplicación las mismas excepciones.

En ningún caso se le podrán negar los cuidados, los tratamientos y el apoyo que necesite y, cuando convenga, se le han de ofrecer tratamientos alternativos, si los hubiera en el centro, o bien se dará la orientación para encontrar un recurso adecuado, antes de que se produzca el alta.

 

2.3 Derecho del menor a ser consultado, a fin de que su opinión sea considerada como un factor determinante, en función de su edad y de su grado de madurez, de las decisiones en relación con las intervenciones que se puedan adoptar sobre su salud.

Cuando el menor no sea competente -ni intelectual ni emocionalmente- para comprender el alcance de la intervención sobre su salud, el consentimiento lo ha de dar  su representante, después de haber escuchado, en todo caso, su opinión si es mayor de 12 años. En el resto de casos y, especialmente, en casos de menores emancipados y adolescentes de más de 16 años, el menor ha de dar personalmente su consentimiento.

 

2.4. Toda persona tiene el derecho de vivir el proceso de su muerte, de acuerdo con su concepto de dignidad.

Toda persona tiene el derecho a vivir el proceso que transcurra hasta su muerte con dignidad. El enfermo tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento que se encamine a prolongar su vida, cuando crea que una terapia o intervención puede reducir su calidad de vida, hasta un grado incompatible con su concepción de la dignidad de la persona, y de este modo evitar el llamado encarnizamiento terapéutico.

Todas las personas tienen derecho a poder acceder a los tratamientos paliativos de confort y, en particular, al del dolor, que se han de facilitar en el entorno más idóneo posible (domicilio, hospital, etc.).

Cuando el paciente se encuentre en el hospital, se habrá de facilitar al máximo el acompañamiento de los familiares, en un contexto social adecuado que permita  la intimidad y, finalmente, el duelo.

Si la muerte tiene lugar en el hospital, se tendrá un cuidado especial, a fin de que los familiares y las personas cercanas reciban un trato y unas orientaciones adecuadas a la circunstancia.

Los procedimientos y las actuaciones correspondientes no podrán incorporar previsiones contrarias al ordenamiento jurídico.

 

2.5. Derecho a que se tengan en cuenta las voluntades anticipadas, establecidas mediante el documento correspondiente

En el documento de voluntades anticipadas una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta, cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, de acuerdo con los requisitos y efectos que se establezcan por normativa.

No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas o actuaciones que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto a la hora de emitirlos. En estos casos, se hará la anotación razonada pertinente a la historia clínica del paciente.

 

9.1. Derecho a disponer de la carta de derechos y deberes, en todos los centros sanitarios

En todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, ha de haber a disposición de los usuarios la carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud  los servicios sanitarios, como marco de la relación entre el centro y los usuarios.

 

 10.3. Derecho a recibir una atención sanitaria continuada e integral

Todo paciente tiene unos derechos concretos en este ámbito:

- a tener en la atención primaria un médico responsable de integrar su proceso asistencial y la atención recibida a lo largo del tiempo, así como un profesional de enfermería de referencia.

- a recibir atención sanitaria que incluya medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

- a que funcionen mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes niveles, entidades, centros y profesionales implicados en su atención, con la finalidad de garantizar la calidad de esta.

 

Enlaces:

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Institut Català de la Salut: http://ics.gencat.cat/ca/inici